Nuestras escuelas, un llamado de auxilio

Las instituciones educativas son mucho más que espacios para la adquisición de conocimientos; son el corazón de nuestras comunidades, el semillero de futuros ciudadanos y el primer contacto de los niños con el mundo social. Su papel trasciende de la sola transmisión de información, pues también moldea en valores, actitudes y comportamientos que perdurarán a lo largo de la vida.

Nuestras escuelas Son el lugar donde nuestros hijos aprenden, crecen y se preparan para el futuro. Sin embargo, la institución educativa en sedes como: Madre Laura y Juan J. Hoyos se encuentra en un estado de abandono que pone en riesgo la calidad de la educación y el bienestar de nuestros niños. Aulas llenas de trastos viejos e inservibles, falta de mobiliario adecuado, parques inservibles y un ambiente insalubre son solo algunas de las problemáticas que enfrentan nuestros estudiantes a diario. Es hora de exigir un cambio y garantizar que nuestros hijos tengan el derecho a estudiar en un entorno seguro y estimulante.

¿Quién permitió tal abandono?, ¿Que se ha hecho con los recursos de educación municipal durante tantos años?, A donde fue el dinero destinado para la manutención de las instalaciones?, ¿Quién debe velar por la seguridad de las instituciones donde estudian nuestros hijos?

Esas peguntas rondaron en nuestra mente mucho tiempo, buscamos respuestas, si, en todas partes, educadores, Institución Educativa, Administración Municipal; pero siempre recibimos la misma respuesta: El abandono es de más de 30 años, ¿quién ha estado a cargo de la Institución y de la Administración durante ese periodo? Quien consideran ustedes que debe hacerse cargo arreglar y/o mejorar las instalaciones? Siempre vueltas y evasivas.

Cierto día, por allá en el año 2022 un grupo de mamas, después de salir de una reunión de padres de familia, donde solo escuchamos quejas y quejas sobre el mal comportamiento de nuestros hijos, nos sentamos en el parque a analizar la situación que estábamos enfrentando con nuestros hijos desde casa y la relación que estos tienen con la Institución Educativa, puesto que la gran mayoría de las quejas siempre provienen de un grupo cerrado de docentes. Pensamos desde varias perspectivas: el papel de nosotros como padres, de los docentes y de los mismos alumnos frente a la educación y la perspectiva con la que siempre los docentes y directivos nos daban las quejas. La conclusión es que un eslabón en la cadena como comunidad educativa está fallando.

Por eso decidimos empezar a indagar sobre cuales son las razones por las que la mayoría de los menores se están portando mal con algunos docentes, qué es lo que ha hecho que tomen una actitud pesimista, desordenada y violenta; teniendo en cuenta que el compromiso social es un pilar fundamental en la formación integral de las personas, y su siembra debe iniciarse tanto en el hogar como en la escuela. Estos espacios se convierten en coadyuvantes indispensables para que niños, niñas y adolescentes comprendan su rol dentro de la sociedad y desarrollen las habilidades necesarias para participar activamente en ella. Durante la adolescencia, etapa crucial en el desarrollo humano, los jóvenes experimentan un crecimiento acelerado en diversos ámbitos, el desarrollo físico, cognitivo y emocional, sumado a la adquisición de habilidades sociales, les permite construir una visión más amplia del mundo y elaborar un proyecto de vida. Al participar en actividades sociales, los adolescentes tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos, fortalecer sus valores y desarrollar un sentido de pertenencia a una comunidad.

Investigando más a fondo sobre este tema encontramos que las políticas educativas en Colombia, también se han enfocado en contrarrestar las acciones generadoras de violencia en las instituciones educativas, ejemplo de ello fue la expedición de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, que marcó un hito al crear un marco legal integral para promover la convivencia escolar pacífica y prevenir la violencia; sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos como la implementación efectiva de las rutas escolares de atención a casos de violencia, la falta de recursos suficientes para las instituciones educativas y la necesidad de fortalecer la formación de los docentes en temas relacionados con la resolución pacífica de conflictos y la educación en derechos humanos. Pero esta ley también reconoce la importancia de la participación de todos los actores educativos: estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general para garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en la construcción de ambientes escolares seguros y libres de violencia.

Entonces nos pudimos percatar que el problema es que estamos acostumbrados a pensar de manera individualista y egoísta, pues si no nos beneficia como persona, simplemente no nos interesa, y es un pensamiento que se ha regado como pandemia en una comunidad que necesita mucho de todos, y para todos; ese es el eslabón que sigue fallando en una comunidad que no a aprendido que unida puede hacer cosas maravillosas, un comunidad que ha sido tan fuerte que sobrevivió a años de violencia, pero olvidó lo más importante, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Nosotras como representantes de padres de familia de la Institución Educativa y como ciudadanas de la comunidad Sanluisana queremos sentar un precedente, demostrar a la comunidad en general que podemos luchar unidos por el bienestar de nuestros menores de edad, demostrar a nuestros hijos que como madres siempre vamos a luchar por lo mejor para ellos; y que estamos dispuestas a trabajar con quien se quiera unir a esta noble causa.

Recordando siempre que invertir en la seguridad de las instituciones educativas es una inversión en el futuro de nuestros niños y de nuestra sociedad, ya que, al garantizar un entorno seguro y protegido, estamos promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes y construyendo comunidades más justas y equitativas.